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Ponencia del PPT sobre los P. del S. 1254 y 1253 (2223 y 2225 de la Cámara)

Ponencia del Partido del Pueblo Trabajador ante las Comisiones de Gobierno del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico sobre los Proyectos del Senado 1254 y 1253 (2223 y 2225 de la Cámara)

 

 

8 de noviembre de 2014


Mi nombre es Rafael Bernabe, comparezco ante esta comisión como portavoz y excandidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador (PPT). El PPT es un partido político fundado en 2010 que participó por primera vez en las elecciones de 2012 y que desde entonces ha continuado interviniendo en el debate público y apoyando las luchas del pueblo trabajador, contra la discriminación y en defensa del ambiente, de acuerdo a nuestro lema de Democracia, Solidaridad y Sustentabilidad.

 

A la misma vez, hemos realizado la labor para lograr la reinscripción de nuestro partido. Como resultado de ese esfuerzo, y del apoyo de nuestro pueblo, el PPT ya ha radicado cerca de 62 mil endosos, es decir, casi 8 mil más de lo que la ley requiere.

 

Nuestro condición de partido inscrito ya se hubiese reconocido si no fuese por el fraude --y no utilizo la palabra fraude a la ligera, sino con toda conciencia e intención-- cometido en contra nuestra por funcionarios del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista en las mesas de validaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, que han pretendido violentar la voluntad de más de 20 mil electores cuyos endosos han rechazado sin fundamento válido. Ese fraude nos ha obligado a recurrir a los tribunales para buscar remedio ante tanto atropello. Más adelante se verá la pertinencia de estos hechos para el tema que hoy nos convoca.

 

Los Proyectos del Senado 1254 y 1253 (Proyectos de la Cámara 2223 y 2225) se sometieron el martes, 4 de noviembre. Obtuvimos copia el jueves, 6 de noviembre. Se pretende aprobar estos proyectos en o antes del jueves, 13 de noviembre. Constan de cerca de 170 páginas que cubren una gran cantidad de detalles de un tema absolutamente crucial: nada menos que la forma en que elegimos nuestro gobierno.

 

Constituye una irresponsabilidad suprema pretender aprobar esta legislación en cinco días, sin que la opinión pública pueda conocerla a fondo, sin que se puedan sopesar debidamente sus diversos ángulos y posibles implicaciones, sin que haya casi tiempo para vistas públicas o para someter enmiendas. ¿O será --nos preguntamos-- que el debate realmente no interesa, que tal vez las vistas son mera formalidad, que desde ya podemos dar por aprobada y firmada esta legislación, legislación que contribuye a perpetuar el monopolio de dos partidos políticos, que limita aún más el surgimiento de nuevas voces, que no logra los ahorros que propone y que mercantiliza y degrada aún más nuestra ya maltratada democracia? Eso es lo que mucha gente sospecha. Está en manos de ustedes desmentir o confirmar esa sospecha.

 

Por esa falta de tiempo que se nos impone, no puedo tocar aquí los muchos ángulos que cubre esta legislación. Me limito a un aspecto fundamental: las disposiciones referentes al financiamiento de campañas y al fondo electoral. Hablaré más que nada del fondo de campaña. Pero mis planteamientos sobre este tema se extienden igualmente al fondo electoral. Puedo contestar preguntas sobre otros aspectos de la legislación.

 

El PPT considera que una verdadera reforma electoral debe tener tres objetivos centrales.

 

Primero, debe promover un debate serio de los distintos programas, propuestas, ideas sobre cómo enfrentar los problemas del país. Repito: un debate no sólo de los programas que tienen el respaldo de sectores adinerados, sino de todos los programas

 

Segundo, debe garantizar el derecho de todos y todas a elegir, a nominar y a ser electos y a inscribir partidos políticos. Repito: no solo los derechos de los que más dinero tienen, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

Y, en tercer lugar, debe contribuir a reducir los posibles medios de corrupción.

 

Desgraciadamente, los proyectos indicados, sobre todo en lo que se refiere a sus disposiciones sobre el financiamiento de las campañas y al acceso al fondo electoral, no contribuyen a ninguno de esos tres objetivos. De hecho, nos alejan de esos objetivos, es decir de la democracia que necesitamos. El problema empieza desde las exposiciones de motivos.

 

La exposición de motivos del Proyecto del Senado 1253 (2225 de la Cámara) casi se limita a señalar la necesidad de reducir el gasto público en el proceso electoral, sin ni siquiera tomar en cuenta el hecho de que la democracia cuesta y de que, si bien debemos ahorrar recursos, no debemos, nunca debemos, ahorrar a costa de la democracia. La democracia es un bien necesario, no un lujo prescindible porque las cosas están malas. De hecho, cuando las cosas están malas es cuando más necesitamos la democracia.

 

La exposición de motivos del Proyecto del Senado 1254 (2223 de la Cámara) al menos se refiere a principios que compartimos como, por ejemplo: la necesidad de garantizar "el derecho a la igualdad, la equidad y la justicia" y la "libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas", así como a la necesidad de evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos".

 

Pero los proyectos indicados contradicen sus objetivos declarados, sean el ahorro de fondos ante la crisis presupuestaria o la garantía de derechos, para no hablar de los tres principios que indicamos anteriormente.

 

Así, como veremos, el Proyecto del Senado 1253  (2225 de la Cámara) que busca generar ahorros, no genera tales ahorros, o los genera, pero a costa de hacer el proceso electoral más desigual, cerrado y antidemocrático, lo cual contradice los objetivos proclamados en la exposición de motivos del Proyecto del Senado 1254 (2223 de la Cámara). Pero antes de ver los hechos que demuestran la validez de este juicio, es necesario hacer algunos señalamientos generales sobre el tema del financiamiento de las campañas electorales, que los redactores de estos proyectos han pasado por alto.

 

Las campañas se pueden financiar con dos tipos de fondos: públicos y privados. Los sistemas financiamiento pueden ser, en ese sentido, de tres tipos: sistemas que dependen de fondos privados, sistemas que dependen de fondos públicos y sistemas mixtos.

 

En Puerto Rico no pocas personas quisieran eliminar todos los fondos públicos que los partidos reciben. Entendemos esa actitud. Esa opinión, ese sentimiento visceral de muchos conciudadanos, se nutre de la mala imagen que tienen los partidos en Puerto Rico: imagen muy merecida en muchos casos. Pero siempre hemos señalado que eliminar los fondos electorales y de campaña públicos sería una acción contraproducente. Contraproducente pues, queriendo golpear al mal gobierno y la corrupción, tan solo ayudaría a perpetuar ambos males.

 

Si se eliminan los fondos públicos, los partidos dependerán enteramente de fondos privados. Eso convierte el dinero privado en la base económica de las campañas y esto tiene efectos negativos que han sido señalados por infinidad de estudiosos del tema:

 

En primer lugar, unos partidos tendrán mucho más dinero de campaña que otros. El electorado no tendrá acceso ni lejanamente igual a las distintas propuestas. Las elecciones serán o se convierten en un proceso en el que el dinero cuenta más que las ideas.

 

En segundo lugar, en un proceso en que el dinero privado es crucial, tendrán ventaja los que más dinero tienen: los grandes intereses privados, las grandes fortunas privadas, las grandes empresas, el gran capital. No la mayoría desposeída sino la minoría acaparadora y poseedora.

 

En tercer lugar, tendrán ventaja los partidos existentes, con sus redes de cotizantes ya establecidas. Se dificulta, por tanto, el surgimiento de nuevas opciones, de nuevas voces.

 

En cuarto lugar, se mantiene abierta una potencial fuente de corrupción: los fondos privados son uno de los mecanismos que atan a partidos y candidatos a intereses particulares, no a sus representados y electores. Se podría decir que son el principal mecanismo: buena parte de los casos de corrupción que han llegado a los tribunales se relacionan de algún modo con el financiamiento privado de los partidos (intercambio de favores, exigencia de contribuciones, desvío de fondos, etc.)

 

En fin: mientras mayor injerencia y mayor peso tengan los fondos privados en un proceso electoral, más desigual, más favorable a los más adinerados, más excluyente, más monolítico y más potencialmente corrupto será dicho proceso. Más difícil será garantizar "el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible", derecho que reconoce la política pública formulada en la Ley para la fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, citada en el Proyecto del Senado 1253 (2225 de la Cámara). Más difícil será evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos" como declara la Exposición de motivos del Proyecto del Senado 1254 (2223 de la Cámara).

 

Por eso, una propuesta de reforma electoral que pretenda crear un sistema electoral más serio, más democrático y lo más limpio posible, que pretenda evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos", que pretenda garantizar "el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible",  debe ir en la dirección opuesta: debe reducir al mínimo la injerencia, no de los fondos públicos, sino de los fondos privados. Ese es el tipo de sistema que ya existe en algunos países, como Suecia. Es la lógica de nuestra propuesta de reforma que presentamos más adelante.

 

Si miramos al sistema de financiamiento de campañas vigente en Puerto Rico, comprobamos que se trata de un sistema mixto en el que los partidos reciben o pueden recibir tanto fondos públicos como privados. Por ejemplo, la opción que utilizan tanto el Partido Popular Democrático (PPD) como el Partido Nuevo Progresista (PNP) les permite recibir hasta $5 millones en aportaciones privadas, que el estado parea con otros $5 millones. Como indicamos, mientras mayor sea la injerencia los fondos privados en un proceso electoral, más desigual y más favorable a los más adinerados, más excluyente y más monolítico y más potencialmente corrupto será dicho proceso.  Por tanto, dada la importancia de los fondos privados en nuestro ordenamiento electoral actual, no es raro ni sorprendente que ese proceso electoral padezca y exhiba en la actualidad todos los males indicados:  primero, una gran desigualdad en los recursos económicos con que cuentan los partidos; segundo, un debate electoral que depende, más que de las ideas, del dinero con que se cuenta; tercero, una desproporcionada influencia en el gobierno de los que más dinero tienen; cuarto, ejemplos de corrupción que afloran por más que se aprueban leyes y reglamentos para combatirla.

 

No hay duda, entonces, de que el actual sistema necesita una reforma urgente, pero una reforma bien pensada y en la dirección correcta.

 

Tenemos que preguntarnos entonces: ¿en qué dirección mueven a nuestro sistema electoral los Proyectos del Senado 1254 y 1253  (2223 y 2225 de la Cámara)? Lamentablemente, estos proyectos nos mueven en la dirección equivocada: en lugar de suprimir, o al menos reducir, la nociva injerencia de los fondos privados, aumentan la injerencia de dichos fondos, lo cual tan sólo puede acentuar los efectos antidemocráticos y corruptores sobre el sistema electoral que ya indicamos.

 

Si tomamos el Proyecto del Senado 1253 (2225 de la Cámara), vemos que deja intacto el mecanismo de financiamiento empleado por el PNP y el PPD. Eso no se toca para nada. Se mantiene el mecanismo que les permite recibir $5 millones en fondos privados, cantidad que el estado parea con otros $5 millones. En fin, estos partidos seguirán realizando sus campañas con hasta $10 millones. Entonces, si esto no se altera, si esos fondos privados y ese gasto público no se enmienda ¿qué cambios trae esta legislación? ¿Dónde se propone hacer los ajustes?

 

El cambio propuesto ataca, no al fondo de hasta $5 millones al que se acogen el PPD y el PNP, sino al fondo voluntario o fondo voluntario alterno, cinco veces menor, de $1 millón de dólares, al que se han acogido otros partidos, como el PPT en las elecciones de 2012. Ahora se les exige que obtengan $250 mil, que el estado parearía a razón de uno a cuatro hasta un total de $1.25 millones de fondo de campaña. Pero esto quiere decir que si los partidos cumplen con ese requerimiento no se genera ahorro alguno.

 

Comparemos el sistema actual con el propuesto. Bajo el sistema actual el PNP y el PPD recibirían $5 millones en fondos públicos cada uno, para un total de $10 millones. El PIP y el PPT al acogerse al fondo voluntario recibirían $1 millón cada uno. Esto arroja un gran total de $12 millones. Bajo el sistema propuesto el PPD y el PNP seguirían recibiendo $10 millones. Si el PIP y el PPT depositan los $250 requeridos, tendrán acceso a un fondo de campaña de un $1 millón cada uno, para un gran total de $12 millones. ¿Qué se ahorra? Nada. Absolutamente nada.

 

Como único se ahorra es si el PIP o el PPT no logran recoger $250 mil dólares. Entonces se ahorra, se ahorra a costa de los partidos que menos recursos tienen. El ahorro se hace, no a costa de los que reciben $5 millones, sino de los que ya reciben cinco veces menos que esos partidos. La ventaja del gasto de campaña de los primeros sobre los segundos, que ya es de diez a uno, será ahora mayor. Este resultado no puede sorprendernos: la injerencia de los fondos privados genera desigualdad y con las disposiciones del Proyecto del Senado 1253  (2225 de la Cámara) el acceso a los fondos públicos quedaría subordinado y condicionado al recibo de fondos privados.

 

Es decir, esta legislación no reduce la injerencia de los fondos privados (como debiera hacer). Tampoco mantiene el sistema mixto existente, que ya es malo. Ni siquiera se limita a aumentar el rol de los fondos privados, lo cual ya es terrible, sino que convierte los fondos privados en el semáforo, en el regulador del acceso incluso al fondo voluntario, la pieza que en la actualidad más ayuda a evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos" y a garantizar "el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible".

 

Algunos legisladores se han atrevido a decir que lo que pasa es que los partidos tienen que demostrar que tienen gente. Se refieren a los partidos ahora minoritarios, como el PPT. Nosotros creemos que los partidos, para estar inscritos y para gozar de los derechos que concede la inscripción sin lugar a dudas deben demostrar que tienen "gente", es decir, que tienen una cantidad mínima de personas que apoyan su presencia en el proceso electoral. ¿Pero que tiene que ver eso con cantidades de dinero? ¿O es que la gente es lo mismo que dinero? ¿O es que todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero? ¿Es que ahora además de votar o endosar un partido hay que comprar su acceso pleno al proceso electoral? ¿Acaso se quiere convertir la democracia en un mercado? Esa es la lógica de esta legislación. Según esta legislación un partido puede incluso quedar inscrito, al recibir más de 3% de los votos para gobernador y todavía tendrá que demostrar "que tiene gente", no con los votos que recibió, sino depositando $250 mil dólares. Ahora tenemos que pagar por la democracia que estará, más que nunca, en manos del que más dinero tiene. Nosotros creemos que en el proceso electoral debe contar la gente, claro que sí, pero con su voto y con su endoso, no con el bolsillo, que está muy lleno en el caso de unos y muy vacío en el caso de las mayorías.

 

También se ha planteado que los partidos que van a recibir fondos públicos deben aportar al fondo electoral, suponemos que para reducir el gasto público. Es un argumento sin sentido. Los fondos privados que los partidos reciben no son aportaciones al fondo público, son aportaciones a los partidos, que usan los partidos y que nada le ahorran al erario. Si el objetivo fuese reducir el gasto público, en todo caso no se solicitaría el depósito de $250 mil como propone la legislación, sino que se reduciría el fondo voluntario alterno de un millón a $750. Pero esta medida, al exigir el depósito de $250 mil, no genera aportaciones al fondo público, ni asegura un ahorro de fondos públicos, tan solo intenta lograr el mayor ahorro posible a costa de los partidos que menos recursos tienen, que son, lógicamente, los partidos nuevos, los partidos con menos enganche con los grandes intereses, los partidos comprometidos con los desposeídos.

 

¿Cuál será el efecto de esta medida sino hacer más desigual lo que ya es una contienda desigual? ¿Cuál será su efecto sino lograr que la diferencia de gastos de campaña entre unos y otros ya no sea de 10 a 1, sino de 20 a 1, por ejemplo?  ¿Es así que se pretende evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos" y garantizar "el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible"?

 

En la exposición de motivos del Proyecto del Senado 1253 (2225 de la Cámara) se señala que en las pasadas elecciones "el impacto presupuestario para el gobierno" fue de $4.4 millones por partido. Este promedio intenta encubrir un hecho evidente: el PNP y el PPD recibieron cinco veces más fondos públicos, cada uno, que un partido como el PPT. ¿Por qué esconder esa realidad tras un promedio encubridor y engañoso? La razón es evidente: se quiere tapar el hecho de que al ahorro se va a buscar en el fondo cinco veces menor del PPT y no en el fondo cinco veces mayor del PNP y el PPD.

 

La página de Internet de la Cámara de Representantes da la bienvenida a los visitantes con un lema de su Presidente, Jaime Perelló Borrás: "La justicia, la diversidad y la inclusión ya tienen su casa." Pero esta legislación es lo opuesto: es injusta, enemiga de la diversidad y excluyente.

 

Como está redactada, a estas disposiciones se le ven las costuras: se quiere aprovechar la necesidad de ahorrar para golpear nuevas opciones. Hay algunos a quienes no les gustó para nada la presencia del PPT en las elecciones. No les gustó tener que debatir con nuestras posiciones. Como dije anteriormente, han hecho todo lo posible por evitar que nos inscribamos. Ahora parece que quieren asegurarse que cuando nos inscribamos no contemos con los recursos para difundir nuestras ideas y propuestas.  Sabemos que tienen el poder para imponer esta legislación en cinco días. Pero la gente lo verá como es: un atropello a la democracia, que en nada contribuirá a reparar la imagen de esta administración. Prefiero no perder la esperanza. Ojalá que haya en la legislatura suficientes voces que todavía aprecien la consigna de Luis Muñoz Marín "Vergüenza contra dinero" y detengan esta legislación, por el bien de Puerto Rico y de la democracia.

 

¿Cuáles serían entonces nuestras propuestas? Lo mejor sería no aprobar esta legislación a la carrera y sin el debate serio que amerita. Sería correcto abrir el debate sobre el tema y considerar otras opciones.

Las líneas generales de una propuesta alterna que amplíe la democracia, combata la corrupción y genere verdaderos ahorros pueden resumirse brevemente. Primero, la prohibición de fondos privados en el proceso electoral. Segundo, la fijación de un fondo de campaña disponible a los partidos inscritos. Ese fondo puede ser diferenciado, con una suma más alta para los partidos y más baja para los partidos inscritos por petición. O si se sigue la diferenciación de la legislación actual con fondos diferenciados para partidos principales, partidos y partidos por petición. Si estos se fijaran en $2, 1.5 y un millón respectivamente el gasto (con cuatro partidos) sería como máximo $7 millones, es decir cinco millones menos que la fórmula actual y probablemente $4 o 3 millones menos que la fórmula propuesta. De igual forma, parte de este fondo podría proveerse en especie: determinada cantidad de horas en TV y radio, espacio en la prensa etc. Aquí esbozamos el concepto general: esto tendría que discutirse y precisarse sosegadamente, no en cinco o cuatro días, ciertamente.

 

De este modo se fomentaría un uso más juicioso de los fondos, un debate más centrado en las ideas y propuestas, un acceso más balanceado de los electores a dichas propuestas, a la vez que se lograría un verdadero ahorro y se le cerraría una puerta a la corrupción. Esto contribuiría grandemente a que surja una nueva manera de hacer política en Puerto Rico, que es precisamente lo que el país necesita.

 

Si se decide no abrazar esta propuesta, si se insiste en los proyectos radicados, en la presente o en una futura sesión, entonces lo menos que podemos esperar es que se mantenga el fondo voluntario y el fondo electoral como existen en la actualidad, sin convertir los fondos privados en el regulador del acceso a esos fondos, que son los que le otorgan a nuestro proceso electoral un carácter mínimamente inclusivo y participativo, que son, del ordenamiento actual, lo que más nos permite evitar que los "derechos universales… estén subordinados al dominio de unos pocos" y garantizar "el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible". Si se van a buscar ahorros que no sea a costa de la democracia. Si no vamos a mejorar nuestro sistema de financiamiento de campaña, al menos no lo empeoremos. Muchas gracias.