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Un Sistema de Retiro para morir trabajando

Por César A. Rosado Ramos

“El derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado”. Véase, Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

La actual crisis en el Sistema de Retiro de Puerto Rico junto las propuestas del gobierno para “salvarlo”, además de alarmantes, trastocan la esencia misma de dicho sistema suprimiendo los propósitos para los cuales fue creado.

El presente escrito tiene el objetivo de brindar al Partido del Pueblo Trabajador algunas herramientas para hacer un acercamiento cuidadoso al grave y complejo problema que enfrentamos en nuestro Sistema de Retiro, y de esta forma buscar soluciones juiciosas desde la perspectiva de la clase trabajadora. Veamos.

La Ley habilitadora

El Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus Instrumentalidades fue creado por la Ley 447, el 15 de mayo de 1951, y comenzó a operar el 1ero de enero de 1952.  Su objetivo principal fue crear un fideicomiso, que no es otra cosa que encomendar a unas personas para que se encarguen de algo, en este caso una Junta de Síndicos, para que administrara los fondos de dicho Sistema para ser utilizados “en beneficio de los empleados públicos, sus dependientes y beneficiarios, para el pago de anualidades por retiro, por incapacidad y otros beneficios” como por ejemplo hacer préstamos hipotecarios.

La ley habilitadora establece que el “Sistema de Retiro sirve como un incentivo para el reclutamiento y retención de personal de calidad en las dependencias gubernamentales.” Sobre este particular, el análisis para llegar a tan categórico enunciado fue el siguiente: al momento de la creación de la ley existía el retiro obligatorio y las personas automáticamente se retiraban al llegar a la edad correspondiente, por ende una nueva camada de empleados(as) públicos más jóvenes podían ser reclutados y como el gobierno ofrecía un beneficio marginal muy atractivo con su plan de retiro podía atraer al personal competente que de otra forma ofrecería sus servicios en la empresa privada. Evidentemente, cualquier vestigio de estímulo que haya sobrevivido por los pasados 60 años, con las nuevas propuestas que implantará el gobierno pasarán a mejor vida, excepto para alcaldes, alcaldesas, jueces y juezas.

En 1967 el Congreso de EEUU legisló la Ley Federal “Age Discrimination in Employment Act”, aplicable a Puerto Rico, prohibiendo el discrimen por razón de edad. En ese sentido, se enmendó la ley de retiro dejando sin efecto lo relativo al retiro obligatorio con contadas excepciones como es el caso de los(as) bomberos(as) y policías.

Como consecuencia de la enmienda antes reseñada la renovación de la fuerza laboral en el sistema de gobierno con personas jóvenes mermó, lo que se recrudeció con el aumento de la edad de retiro para poder recibir pensiones completas.

En relación a la “retención de personal de calidad”, el problema mayor ha sido la burocracia y mala administración en las agencias de gobierno que tiene su espinazo en la partidocracia imperante, donde se brinda favoritismo al personal de x y partido frente a otros, ya sea mediante actuaciones directas o al hacerse de la vista larga (acción u omisión). Esto de por sí desalienta el trabajo eficiente y enfrenta a trabajadores(as) en “iguales condiciones”.

La edad de retiro vs. los años de servicio

Antes de la creación del actual Sistema de Retiro en el año 1951, existía lo que se conocía como el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico y sus Instrumentalidades creado en el 1935. Ese sistema establecía que toda persona que hubiese trabajado 30 años en el gobierno tenía derecho a recibir una pensión por retiro al por ciento mayor (60%) sin rebajas, independiente de su edad. Es decir, con 30 años de servicio se recibía una pensión completa sin importar la edad.

La actual ley de retiro cambió ese panorama y paulatinamente la edad de retiro ha ido en aumento a pesar de que se hayan destinado 30 años o más a servir en el gobierno. Una explicación a esto la dio el Tribunal Supremo de Puerto Rico en voz del juez Snyder en el año 1952, a pocos meses de creada la ley, donde señaló que aunque el propósito de la Ley 447 era “proteger a los empleados luego de ocupar un puesto público durante largos años […] en el pasado jubilaciones prematuras afectaron sustancialmente la economía de los fondos de pensiones anteriores”. Véase, In re Eduardo Castro Martínez y Ramón Torres Braschi, Administrador Interino y Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno Insular de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, 73 D.P.R. 564 (1952).

Desde que se creó el Sistema, la edad máxima de retiro aumentó de 55 a 58 años y con la nuevas propuestas se vislumbra que el aumento en edad fluctúe entre 61 y 65 años. Esto, definitivamente, tendrá una repercusión en el entorno laboral.

El Sistema de Retiro imperante se desvirtuó y en nada retribuye los años de servicio de los(as) empleados(as) públicos. Es insólito, abusivo e injusto que personas con 30 años de servicios tengan que continuar trabajando por 4, 5, 10 y hasta 15 años, para obtener una pensión de retiro completa. Quiérese decir que la clase trabajadora tendrá que estar toda una vida trabajando y si se sobrevive podrá beneficiarse de un plan de retiro miserable, que entre otras cosas ya no contará con la aportación patronal. Esto es contrario al principio de renovación constante en el gobierno con fuerza laboral en ciernes, quienes aún más se verán lanzados al desempleo y/o a la búsqueda trabajo en la empresa privada, pues además, nuestro Sistema de Retiro ya no es un atractivo para nadie.

La seguridad económica durante la vejez

En el año 1987 nuestro Tribunal Supremo expresó lo siguiente:

“El derecho a pensión de retiro por años de servicio del empleado público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer que habiendo dedicado al servicio público sus años fecundos, no debe encontrarse en la etapa final de su vida en el desamparo, o convertido en carga de parientes o del Estado”. Por tal razón, “[d]esde el punto de vista del empleado, el Sistema de Retiro constituye un beneficio marginal importante; para muchos representa una fuente de ingreso futuro que les ofrece una razonable expectativa de seguridad económica durante su vejez.” Véase, Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

La visión del Tribunal Supremo se distancia mucho de nuestra realidad. Según economistas, para el año 2014 los fondos de retiro estarán terminados. Sin perder de perspectiva que dentro de las razones principales para que el Sistema de Retiro esté en crisis se encuentra la mala administración de los partidos de turno, la carencia de planificación y la corrupción en el manejo de los fondos, la situación se agrava con las propuestas en proceso de aprobación presentadas por el gobierno.

Recientemente el administrador del Sistema notificó a las agencias que en adelante el pago de los servicios no cotizados conllevará la imposición de la tasa de interés del 15% compuesto. Lo que significa que un empleado que antes pagaba alrededor de $5,000 por cada año que le faltase por cotizar, ahora tendrá que pagar sobre $30,000. Y lo peor es que tiene hasta el 30 de abril para pagar la deuda total y de esta forma acogerse al retiro antes de que en julio entre en vigor la nueva legislación.

De no pagar estos intereses, el empleado que no tenga los 30 años de servicio, aunque tenga la edad, solo podrá retirarse con una cotización de un 48% de su salario. Si el empleado no se retira antes del 30 de junio, aunque trabaje años adicionales, como requieren las nuevas propuestas, se quedará con la base del 48% si no tiene 58 años de edad y 10 años de servicio.

Entiéndase por esto que si alguien tiene un sueldo de $2,000, 55 años de edad y 30 años de servicio, con la cotización de un 75%, esa persona hubiera tenido derecho a una pensión de $1,500 mensuales. De tener menos de 55 años de edad, pero contar con los 30 años de servicios, con una cotización del 65%, su pensión le dejaría $1,300 mensuales. Pero supongamos que ese empleado tiene 28 años de servicio, pero tiene 55 años de edad; sino paga los interses por esos dos años no cotizados, tendría que irse con una pensión de $960 mensuales, aplicándole la base del 48% de su salario, lo que equivaldría una diferencia de $540 mensuales, si se compara con la máxima cotización del 75%.

El efecto inmediato de reforma al Sistema es el empobrecimiento de la clase trabajadora a la edad del retiro. Por tanto, la “razonable expectativa de seguridad económica durante la vejez” se desvaneció, es inexistente.

El aumento en la edad de retiro y su repercusión en el entorno laboral

Las personas mayores constituyen una población que posee ciertas características en común. Por lo general, el envejecimiento produce pérdida de fuerza física, agilidad, alerta mental, flexibilidad y percepción de los sentidos. Véase, Abriendo camino: los servicios legales para personas mayores en Puerto Rico, 79 Rev. Jur. UPR 45. Pero no podemos hacer generalizaciones sobre la población de personas mayores. Inclusive, las necesidades de una persona de 50 años, no son las mismas que las de una de 65.

Según el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de España adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en su estudio titulado Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad, mientras algunas capacidades funcionales de los(as) trabajadores(as) de edad pueden declinar, el desempeño de ciertos tipos de tareas puede mejorar. En general, el desempeño en tareas que demandan un alto nivel de destreza, experiencia y necesidad de toma de decisiones no suele declinar con la edad, pudiendo incluso mejorar con ésta. De forma contraria, el desempeño en tareas que requieren una importante movilización de facultades físicas (fortaleza muscular, cardiorespiratoria), que suponen una alta carga sensorial, que exigen un alto nivel de destreza manual o rapidez en la emisión de respuestas, tiende a declinar a medida que la edad es mayor.

En el aspecto socioeconómico, la mayoría de las personas mayores de la generación actual son personas con baja escolaridad. El 10.4% de las personas de sesenta años o más no sabe leer y el 11.5% no sabe escribir. Sólo el 21.3% de esta población se había graduado de escuela superior o logrado su equivalencia y 11.6% tenía bachillerato o más. En contraste, dentro del grupo de cuarenta y cinco a sesenta y cuatro años, el 65.9% se había graduado de escuela superior y el 20.7% tenía bachillerato. Véase,Abriendo camino: los servicios legales para personas mayores en Puerto Rico, 79 Rev. Jur. UPR 45. (Este artículo toma en consideración censos y encuestas para los años 2000, 2003 y 2007).

En Puerto Rico la deserción escolar raya en un 14%, por lo que al parecer la fuerza laboral en desarrollo continuará siendo una de baja escolaridad, lo que supone que se concentrará en empleos relacionados a destrezas manuales o “rapidez en la emisión de respuestas”, precisamente las que tienden a declinar a medida que se envejece. Esto es alarmante porque si declinan nuestras destrezas podemos incumplir con las exigencias laborales de la agencia, lo que podría ser causal de despido.

Un panorama desalentador

Ante la reforma del Sistema de Retiro que el gobierno ha propuesto, el panorama no resulta nada alentador. Veamos.

Primero, para poder recibir los beneficios completos del retiro tendremos que trabajar por más de 30 años.

Segundo, si sobrevivimos, tendremos un plan de retiro completo pero de poca monta.

Tercero, mientras llegamos a la edad para poder recibir un plan de retiro completo, si por razón de nuestro natural envejecimiento se afecta nuestra calidad en el servicio que prestamos podemos ser despedidos y despedidas, y ya no podremos ser beneficiarios del Sistema.

Medidas para solucionar la crisis: salud y prevención

Para atacar la crisis existente de forma juiciosa no tan solo debemos presentar soluciones económicas. Tenemos que contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos que brindan los servicios de nuestro gobierno y hacen que nuestro país camine.

Algunas medidas en materia de salud y prevención propuestas en países europeos donde la fuerza laboral se compone de personas de mayor edad son las siguientes:

  • Formar e informar a los trabajadores en materia de seguridad, salud y prevención.
  • Asegurar chequeos de salud regulares a partir de los 45 años y antes para quienes tienen trabajos pesados, incluyendo investigación sobre el sistema músculo-esquelético.
  • Realizar exámenes regulares de habilidad y capacidad para el trabajo, con énfasis especial en la identificación de la habilidad suficiente o no para el trabajo diario. Estos reconocimientos harían posible identificar los primeros signos y síntomas de decremento de la habilidad para el trabajo, dando lugar a una rehabilitación y toma de medidas oportunas temprana.
  • Reforzar el papel del médico del trabajo.
  • Formar a los médicos del trabajo en la práctica de la negociación de la organización de los puestos de trabajo.
  • Flexibilizar el tiempo de trabajo y la edad de jubilación; reducir el horario de trabajo a partir de los 60 años, aumentar las vacaciones o permisos, establecer jornadas o semanas laborales más cortas.
  • Adaptar las condiciones de trabajo a las características de los trabajadores y trabajadoras.
  • Adopción de descansos de forma novedosa; mini descansos de cinco minutos cada media hora; es absurdo que los trabajadores de 25 años y los de 55 años tengan los mismos descansos.

Para lograr estas medidas, la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras, entre los sindicatos y demás sectores progresistas es de vital importancia.

Medidas para solucionar la crisis: económicas

Entre las medidas económicas que el Partido del Pueblo Trabajador ha propuesto para solucionar la crisis en el Sistema de Retiro y que favorecen a la clase trabajadora se encuentran las siguientes:

  • Un impuesto de 10% a las compañías foráneas que sacan $35 mil millones cada año de Puerto Rico.
  • Aumentar los empleados del Departamento de Hacienda para recuperar los cerca de $3,000 millones en deudas por cobrar de contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones, recuperación del IVU dejado de cobrar, etc.
  • Imponer un impuesto a las ganancias de los casinos y las tragamonedas, y aumentar los impuestos a los cigarrillos y la cerveza.
  • Poner un tope a las pensiones para que ninguna pase de $60 mil al año.
  • Que exista una representación mayoritaria de pensionados y empleados públicos en la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro.
  • Reducir los salarios de los jefes de agencias y altos ejecutivos del gobierno.
  • Eliminar los contratos de servicios en todas aquellas funciones que pueden ser realizadas por los empleados públicos.
  • Reducción drástica de los contratos de publicidad en el gobierno.
  • Demanda al gobierno central y a los municipios para que paguen lo que le deben al Sistema de Retiro.
  • Formulación de cargos criminales y demanda judicial para que paguen los responsables del fraude cometido con la emisión de $3 mil millones en bonos del Sistema de Retiro.
  • Renegociar la deuda con los bonistas

Conclusión

El derecho a una pensión de retiro por años de servicio del empleado y empleada público tiene un respetable contenido ético y moral y constituye un seguro de dignidad para el hombre o la mujer.

La crisis en el Sistema de Retiro es una alarmante, especialmente cuando vemos que las medidas correctivas presentadas por el gobierno, además de ser fruto de la improvisación, desvirtúan los principios por los cuales fue creado. Para solucionar los problemas en nuestro Sistema debemos considerar medidas económicas y de otra índole desde la perspectiva de al clase trabajadora.

No podemos desalentarnos ante ésta y cualquier crisis. Está en nuestras manos como clase trabajadora hacer reverdecer a nuestro país frente al abuso, el engaño y el fraude. A final de cuentas: “la única lucha que se pierde es la que se abandona”.